Tuesday, 23 May 2017

The Catalan Government Conference in Madrid

“Spain does not have so much power as [to be able] to prevent so much democracy”
Catalan President Carles Puigdemont

On the evening of Monday, May 22, 2017, the Catalan government, represented by its President, Vice-President and Foreign Minister, held a conference at Madrid City Hall to explain what Catalonia wants when she calls for a Referendum.

The event was a perfect mise-en-scène of the political situation in Spain: missing from the auditorium were the Spanish government, along with the self-denominated Constitutionalist parties —the governing Conservative Partido Popular, the Social-Democratic PSOE, and the Liberal Ciudadanos— i.e. those who oppose any prospect of holding a referendum in Catalonia on what form of administration the nation wishes for itself.

Outside were demonstrators calling for the imprisonment of the Catalan leaders and the outlawing of the Catalan pro-independence parties. Most were members of the Falange Española y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, the party upon which the Franco dictatorship was ideologically buttressed and which, unlike its Italian Fascista and German Nazi brethren, is still legal in Spain.

Those who were present there represent the two earnest vectors of change, the players who are ready to find a way forward for Spain, and not the stonewalling conservatism of the status quo established immediately after the death of the dictator who had vanquished the democratically elected governments of both Spain and Catalonia after the Civil War sparked by the military uprising of General Francisco Franco.

Those who were present at the conference were the two basic proponents of change in Spain: the Catalan movement for a democratic referendum who are not necessarily pro-independence, about 80% of Catalans want a referendum, although of these many would not vote yes and Podemos and its associated movements and regional parties. Of these, Pablo Iglesias (the leader of Podemos), Manuela Carmena (Mayor of Madrid), Gerardo Pisarello (Deputy Mayor of Barcelona), along with Spanish business, trades-union and grass-roots leaders, were there to hear the Catalan government have its say in Madrid.

The problem Podemos and their associates have is that they are very unlikely to garner a sufficient majority before the three major so-called Constitutional parties who have no intention of making any real changes to the status quo.

The majority in the Catalan Parliament, which goes from far-left anti-capitalist CUP, through Social-Democrats Esquerra Republicana and Center-Right Liberal PDEcat, to Christian-Democrats Demòcrates, along with a large representation of independents, all back the Catalan government in it's efforts to hold a referendum on the political future of Catalonia.

The head of the Catalan government, President Carles Puigdemont, along with his VP and Economy Minister Oriol Junqueras, and the Foreign Minister Raül Romeva, made it clear at the conference that Catalonia wants a pact with Spain to hold an agreed referendum, an accord on the timing and the question. The conference was held in order to expound Catalonia’s intentions not only in the political sphere, but also among the economic, diplomatic and cultural communities of Spain, as well as for the foreign correspondents who rarely hear the other side of the story as they are usually posted to Madrid. These were present at the conference and they heard more than just the headlines they are bombarded with daily in the anti-Catalan Spanish press and media.

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This is a transcript (in Spanish) of Mr. Puigdemont’s speech.

"Permítanme que empiece mi intervención agradeciendo una vez más su asistencia y dando las gracias, de manera especial, al Ayuntamiento de Madrid y a su alcaldesa, por brindarnos la oportunidad de podernos explicar en este espacio municipal. No tengo ninguna duda que hoy el pueblo de Madrid está muy dignamente representado por su alcaldesa y su actitud de compromiso democrático, que contribuye a las soluciones allá donde otros, que tienen mayor responsabilidad, siembran de problemas el camino que deberíamos recorrer juntos para salir del desencuentro, el desencanto y la desconfianza.

La intención inicial del Gobierno de Catalunya era dirigirnos al conjunto de los españoles en el Antiguo Salón de Sesiones del Senado, considerando la función de representación territorial que tiene la Cámara Alta, que entendíamos como el escenario adecuado para fomentar el diálogo que debe presidir la acción política. Pero, como conocen ustedes, desgraciadamente no fue posible porque la Mesa del Senado no consideró oportuno que se celebrara en esta institución una conferencia sobre el referéndum de Catalunya. Al parecer se puede pedir el uso del Senado para todo tipo de actividades, incluso privadas, pero no para que el gobierno de Catalunya vaya a explicar qué está pasando, por qué está pasando y qué se propone que pase. No había nada de ilegal ni de ilícito en nuestra solicitud, no hubo ningún informe jurídico en contra de nada. Nos dijeron que el Senado no es para nosotros, que no es nuestro, que lo de la cámara de representación territorial sólo era solo un eslogan.

Fue el enésimo rechazo al diálogo, y seguramente no será el último aunque, ya lo advierto, no van a caber muchos más. Ese rechazo a explicarnos en Madrid desde el Antiguo Salón de Sesiones del Senado es aún más contradictorio si recordamos lo que afirmó con meridiana claridad el ahora presidente del Gobierno, el señor Mariano Rajoy, durante su intervención en la sesión de investidura después de las segundas elecciones a Cortes, el día 30 de agosto de 2016. Dijo entonces que la cuestión catalana era, y cito textualmente, “el reto más grave que tiene planteado España en estos momentos”. Resulta altamente contradictorio que ante “el reto más grave que tiene planteado España” -lo que pone en evidencia que sí se dan cuenta de la existencia del problema y de su magnitud, cosa que es de agradecer sinceramente- no se permita ni tan sólo hablar -lo que pone en evidencia la irresponsabilidad de no hacer nada serio, sincero y real para abordar el problema.

Los gobernantes, sea al nivel que sea, tenemos la obligación de no mirar a otro lado cuando reconocemos un problema. No hacer nada ante algo que tú mismo identificas como “el reto más grave que tiene planteado España” se puede describir de muchas formas pero no como una actitud responsable. Aunque tus recetas le puedan parecer alejadas a la otra parte del problema, hay que poner encima de la mesa lo que tú consideras que va a ser útil para solucionar tan grave reto.

Desde Catalunya lo hemos hecho, hemos puesto encima de la mesa lo que a nuestro entender va a contribuir a mejorar nuestras relaciones y va a convertir en más eficaz y próspera la necesaria colaboración que debe y deberá existir entre Catalunya y el Estado Español. Respetamos que la otra parte considere justamente lo contrario, pero carece de argumentos sólidos si es incapaz de, una vez reconocido el problema, actuar de otra forma como si ese problema vaya a desaparecer por alguna razón que nadie alcanza a descubrir.
Si para el presidente Rajoy y su Gobierno, así como para las formaciones políticas que le prestaron su apoyo en la investidura (PP, Cs y, hasta ayer al menos, el PSOE), una de las máximas preocupaciones es Catalunya, hoy le invito formalmente a abordarlo con la misma trascendencia y gravedad que conllevan los términos de su declaración del 30 de agosto de 2016.

El pasado viernes, como recordaran todos ustedes, la vicepresidenta del Gobierno español reveló que en el Consejo de Ministros, y también cito textualmente, “se ha analizado en un informe la exigencia del presidente de la Generalitat de negociar la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Catalunya”. Y a continuación me invitaba a proponer ante el Congreso de los Diputados las modificaciones constitucionales necesarias para poder hacer posible tal demanda.

No voy a entrar a detallar todos los argumentos que centenares de juristas y expertos constitucionalistas han expuesto para demostrar que nuestra demanda cabe perfectamente en el ordenamiento constitucional. Es cierto que también hay juristas y expertos que dicen lo contrario en cuanto a la interpretación constitucional. Sin embargo, son mayoría en uno y otro campo los que señalan que con voluntad política todo es posible. Y ese es el aspecto relevante ante el cual debemos prestar atención. ¿Existe voluntad política para atender la demanda catalana?

Hoy parece, por un lado, que el Gobierno español empieza a describir correctamente de lo que se trata: no se trata de liquidar España ni de negarla. Se trata efectivamente de la autodeterminación de Catalunya, que en ningún caso pretende negar a nadie sino afirmarse a sí misma.  Por otro lado, también parece que el gobierno se abre a la posibilidad de negociar el ejercicio al derecho a la autodeterminación de Catalunya si el Congreso avala los cambios necesarios que lo amparen. Un derecho que, por cierto, el Reino de España reconoce y asume a través de la Carta Internacional de Derechos Humanos.

Vuelvo a preguntar: ¿Existe voluntad política para atender la demanda catalana?

Si existe y, por tanto, la propuesta del gobierno no quiere ser ni una trampa ni una invitación a recorrer los mismos caminos ya recorridos por otros (lehendakari Ibarretxe en 2005, representantes del Parlament de Catalunya en 2014), caminos que sólo llevan al fracaso evidente y, a estas alturas, perfectamente innecesario… si existe esa voluntad hay que actuar de manera diferente y sincera. Ir al Congreso sólo como coartada para difuminar ante los observadores internacionales la ausencia de voluntad política del Gobierno del Estado es un error en el cual ya no vamos a participar. La voluntad debe ser sincera; y si la hay, el método debe estar al servicio del objetivo, el método no debe ser ningún problema ni una excusa para encontrar soluciones, como no lo fue hace 40 años para permitir el retorno del exilio del president Tarradellas y la restauración de la Generalitat de Catalunya.

Entonces la actual Constitución aún no existía y la legislación vigente no contemplaba para nada ningún elemento de legitimidad republicana; sin embargo, en reconocimiento a la demanda real del pueblo catalán, el Gobierno de entonces actuó con responsabilidad y no remitió a los que clamaban por el retorno de Tarradellas a comparecer en el Congreso para impulsar las reformas, sino que lideró una solución de Estado que, luego y a través de su incorporación en la Constitución, siguió el curso parlamentario adecuado. Con el real decreto-ley 41/1977 de 29 de septiembre, el presidente Suárez y el jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, dispusieron el restablecimiento provisional de la Generalitat de Catalunya, y vuelvo a citar textualmente porqué me parece relevante en estos momentos para entender que el método está al servicio del objetivo superior, “hasta la entrada en vigor del régimen de autonomía que pueda aprobarse en las Cortes”. Habilitaron la solución, alcanzaron el pacto antes de su debate en el Parlamento puesto que tenían voluntad sincera de acuerdo.

¿Cuándo se presentó en las Cortes la solución definitiva? Después que un acuerdo político liderado entre el Gobierno español y la Generalitat, institución, quiero recordar, aún en el exilio, institución no reconocida por la legalidad vigente en aquel momento, un acuerdo para que se aceptara la demanda catalana para el restablecimiento de lo que en la primera frase del mismo real decreto-ley se define como la “institución secular en la que el pueblo catalán ha visto el símbolo y el reconocimiento de su personalidad histórica”.

Es decir, alto y claro: si hay voluntad política, se encuentran los cauces para acordar, a través del sentido de Estado y de una verdadera operación de Estado, las demandas del pueblo catalán pueden ser atendidas.

Si el Gobierno español entiende cuál es su rol y responsabilidad en esos momentos no dudo que encontrará en las Cortes el apoyo necesario para validar los acuerdos a los que llegue con el Gobierno catalán para que se pueda ejercer el derecho a la autodeterminación. Liderado por el Gobierno español, y con el concurso de las fuerzas políticas tanto las que le prestan su apoyo como las de la oposición, un acuerdo de esta naturaleza solo puede salir muy reforzado del Congreso. Y con ello, la democracia española en su conjunto.

Para eso, cuenten con nosotros.

Pero no cuenten para ningún simulacro, ninguna maniobra de dilación ni ninguna escenificación de falsa voluntad de diálogo. Nada que les permita creer que renunciamos a nuestro derecho a la autodeterminación. Trabajemos desde el reconocimiento mutuo y lograremos el mayor avance democrático de las últimas décadas. Pero no engañemos a nadie ni hagamos perder el tiempo a  nadie, que ya no nos sobra.

Tal como están las cosas, ¿qué quiere decir y sobre qué hay que dialogar?

Dialogar en política es sentarse en una mesa sin condiciones previas, sin límites, sin tópicos, sin apriorismos y sin reproches. Sin amenazas y sin subterfugios. Hay que dialogar sobre lo importante, sobre lo esencial, sobre lo fundamental. Y creo que un buen comienzo sería compartir la idea que el sentido profundo de la democracia va asociado a una urna; a ofrecer voz y voto al pueblo para que sea él quien decida en última instancia. Deberíamos dialogar sobre ello; es más, deberíamos como mínimo poder dialogar sobre ello sin que nadie tenga que responder ante la justicia por el hecho de proponerlo, ni nadie mandara a la fiscalía investigar ideas. Huir de visiones sacralizantes de los estados y su unidad (ni la del Estado español, ni la del futuro Estado catalán) y acercar estas ideas y los principios sobre los que se fundamenta un Estado, incluso su visión de la unidad, acercar estas ideas y valores a la sociedad a la que sirve. Nada es para siempre, nada es inmutable.

La reclamación de celebración de un referéndum en Catalunya pactado con el Estado español es una apelación constante en los últimos años. No nos rendimos en la exploración del diálogo, porque es aquello que nos exige la mayoría de la población catalana que confió en las fuerzas políticas partidarias del referéndum en las elecciones de setiembre de 2015. Y no nos cansaremos de recordar -hoy, una vez más-, que el verdadero propósito que persigue la mayoría de los catalanes es poder votar, poder expresar su posición sobre el futuro de Catalunya. Unos para decidir la independencia, otros para decidir continuar como una comunidad autónoma del Estado español. La mayoría de los catalanes, también los que no quieren la independencia, esperan ser escuchados y que el gobierno del Estado no les continúe dando la espalda cuando apelan a su responsabilidad para ejercer sus derechos colectivos. Hay también miles de ciudadanos que desearían que el Estado expusiera argumentos legítimamente contrarios a la independencia de Catalunya y no exhibiera todos esos estériles esfuerzos dirigidos a impedir que se pueda votar; maniobras que obstaculizan un derecho democrático que pertenece a todos los ciudadanos catalanes, tanto a los que están a favor de la creación de un estado independiente como de los que no. Miles de catalanes, en resumen, que quieren que el Estado sea parte de la solución y no del problema.

Quizá les sorprenda lo que les voy a contar ahora, pero es la versión palpable con la que se encuentra cualquier observador honesto que se acerque a nuestra realidad: el proceso político catalán se vive cívicamente. Les invitamos a conocerlo de primera mano. No hay la ruptura social que lamentablemente se vende de la mano de esa perversa ingeniería narrativa que tanto daño hace a la democracia. Tampoco hay fugas de empresas en Catalunya, ni perseguimos a nadie por sus ideas, por sus orígenes, por su cultura o por su lengua. Al contrario, Catalunya es hoy un ejemplo de sociedad inclusiva y plural del que nos sentimos muy orgullosos. Una sociedad que, con sus discrepancias y diferencias (por cierto, algo característico de una democracia sana y madura, y que nosotros no percibimos como ningún problema) se ha puesto de acuerdo en resolverlas en las urnas, y se ha puesto de acuerdo en aceptar como no podía ser de otra manera el resultado que de ellas salga. Ese no es el retrato de una sociedad confrontada; es el retrato de una sociedad felizmente discrepante, en ese asunto y en muchos otros, como corresponde a una sociedad democráticamente madura.

A pesar de esta acreditada demanda mayoritaria, sin embargo, hasta la fecha la respuesta siempre ha ido en la misma dirección: deriva centralizadora, incumplimiento de los compromisos adquiridos y judicialización acelerada contra nuestros representantes y nuestras instituciones. Cada semana. E incluso con acciones que van en contra del progreso económico del Estado, como por ejemplo las trabas a la política comercial exterior catalana que ha puesto el Gobierno español en demasiadas ocasiones o las infraestructuras.

El NO a todo es decepcionante. Que las únicas decisiones políticas que haya tomado el Gobierno del Estado en relación con la celebración del referéndum en Catalunya hayan sido perseguir judicialmente a cargos electos (Mas, Rigau, Ortega, Homs, Forcadell, Simó, Coromines, Nuet y Borrás, hasta ahora) es una irresponsabilidad y no acerca ningún acuerdo sino que, justamente, lo aleja.

En los juzgados no se hace política, ni se debería. Negar el carácter político de la demanda catalana y fiarlo todo al trabajo de fiscales y jueces no es la solución sino incrementar el problema.

No pedimos al Estado español que renuncie a sus principios, pero tampoco aceptamos que el Estado español nos obligue a renunciar a los nuestros. Aunque lo intenten, el Estado español no dispone de tanto poder para parar a tanta democracia.

Pedimos lo mismo que expresó en una visita en Girona el 21 de abril de 1990 el entonces príncipe de Girona y hoy jefe del Estado, el rey Felipe VI, cuando afirmó que “la democracia expresa sus proyectos en las urnas”. Cierto. No nos hemos apartado ni un milímetro de esa idea; jamás hemos aceptado ninguna otra formulación de nuestras aspiraciones como nación que no sea a través del ejercicio de la democracia y de la paz.

Los que estamos aquí ante ustedes únicamente deseamos saber qué quieren los catalanes para su futuro, qué desean para sus hijos y para sus nietos; cómo quieren colaborar con sus vecinos y cómo creen que pueden mejorar las relaciones con todo el mundo. Y en democracia la única manera de saberlo no son encuestas ni tan solo unas nuevas elecciones autonómicas sino un referéndum, un referéndum acordado y homologado internacionalmente.

Señoras y señores, no somos ningún desafío; somos los representantes de un pueblo que quiere expresar su futuro en las urnas. No somos ningún soufflé, ni una enfermedad, ni fruto de ningún trastorno emocional. Recogimos la gran frustración del 2010, cuando la sentencia del Tribunal Constitucional pulverizó el pacto, sí el pacto, que habíamos alcanzado, también, como se nos propone hoy, pasando por el Congreso de los Diputados. El Estatuto de Catalunya fue una propuesta pactada, aprobada y refrendada por mayorías, y aspiraba a convertir a los catalanes en lo que muchas generaciones de catalanismo político habían anhelado, es decir, ciudadanos de primera. Ciudadanos a los que nadie les pediría ya que dejaran de ser catalanes si querían ser tratados igual como los demás ciudadanos del Estado, en todos los aspectos de su vida. En inversiones, en financiación, en cultura, en lengua, en proyección internacional... Eso fracasó, lo sabemos todos. No sé si todos lo lamentan, pero créanme muchos de los que ya éramos independentistas en aquellos momentos aún lamentamos aquel inmenso error.

Pero en aquel momento decidimos algo nuevo; algo para lo que, al parecer, la política española no estaba preparada ni estaba esperando: decidimos dejar de lamentarnos, de negociar compensaciones en aquel mercadeo que tanto nos ha perjudicado para sacar algo de lo perdido, y decidimos decidir. Tomamos conciencia que verdaderamente nunca habíamos pintado nada, sólo habíamos sido un espejismo de utilidad que, en la práctica, siempre favorecía a los mismos y jamás, como se ve dolorosamente hoy, jamás sirvió para acabar con las ineficiencias, el cruce de intereses y el fundamento para la corrupción. En Catalunya y en España.

Por eso, gracias a la decisión que tomamos en 2010, hoy hablamos desde la esperanza y no desde la frustración y el victimismo.

Somos, por tanto, representantes de una corriente de fondo que ha renovado de manera muy profunda el catalanismo mayoritario.

Pero deseamos que el referéndum para Catalunya sea pactado con el Gobierno español. Es la opción más plausible para todos. A imagen y semejanza del Reino Unido y Escocia. Estamos dispuestos a hablar de todo y con todos: la pregunta, la fecha, los requisitos de participación y su validación. Estamos ya sentados en la mesa de negociación y no nos levantaremos sin un acuerdo, si hay voluntad sincera de llegar a él. La oferta de diálogo es permanente.

Sin embargo, también queremos dejar claro que jamás renunciaremos a que los ciudadanos catalanes voten para decidir el futuro político de Catalunya si el Gobierno español sigue empeñado en el NO a todo. A pesar de todos los obstáculos que encontraríamos en ese escenario, no tenemos ningún derecho ni ninguna legitimidad para no cumplir con nuestro mandato, un mandato que fue legítimamente expuesto y avalado en las pasadas elecciones (fíjense, nadie, ningún fiscal ni ningún juzgado nos impidió proponer a nuestros ciudadanos lo que hoy intentamos cumplir).

Llegados a este punto, quiero realizar, con énfasis, con convicción, un llamamiento a la sociedad civil española y al conjunto de las fuerzas políticas para que hagan suya la vía del acuerdo sincero. Tenemos abierta una invitación permanente dirigida a todos aquellos que compartan con nosotros que debemos encontrar respuestas políticas a las demandas que formulamos desde Catalunya.

A propuesta del Parlamento de Catalunya, y con el impulso del Gobierno que presido, el 23 de diciembre del año pasado se constituyó el Pacte Nacional pel Referèndum, que reúne a miles de entidades sociales, económicas, políticas y culturales, con el propósito de instar a los gobiernos de Catalunya y del Estado español a alcanzar finalmente el acuerdo que establezca las condiciones y las garantías justas y necesarias para la celebración del referéndum reconocido por la comunidad internacional, y cuyo resultado habrá de ser políticamente vinculante y efectivo. El pasado viernes los representantes del Pacte Nacional presentaron públicamente medio millón de firmas de apoyo, adhesiones individuales y colectivas recogidas en menos de tres meses de campaña.

Sería sensato no despreciar esa realidad. Porqué es sobre ella y sobre el largo camino recorrido por el Parlament de Catalunya en la defensa del derecho a la autodeterminación que fundamentaremos la propuesta formal que vamos a dirigir de manera inmediata al Gobierno español.

El diálogo se tiene que establecer sin restricciones para poder hablar de la fecha del referéndum: cuándo debería celebrarse y en qué condiciones. Les escucharemos y decidiremos conjuntamente cuál sería la mejor, sin apriorismos. Las garantías, no tengan ninguna duda, serán el resultado. La validez la dan los resultados, como ha sucedido en todos los precedentes de referéndums.

El diálogo tiene que servir para definir la pregunta a realizar, una pregunta que no conlleve confusión y que todo el mundo sepa qué significa votar “sí” y qué significa votar “no”.

El diálogo tiene que fijar los resultados para poder considerar válida la respuesta y el compromiso de implementarla. Tiene que fijar, por tanto, un acuerdo sobre la mayoría necesaria y sobre la agenda compartida para corresponder de forma responsable con la decisión de los catalanes.

Esperaremos sus propuestas. Esperaremos porque la democracia española y la catalana se lo merecen. Esperaremos hasta el último minuto de la prórroga. Pero que no quepa ninguna duda de que, si no se articula una propuesta pactada por ausencia de voluntad del Gobierno español, el compromiso del Gobierno de Catalunya con su pueblo es democráticamente inviolable. Celebraremos el referéndum y será a partir de entonces cuando ofreceremos nuevamente una propuesta de diálogo y de negociación. Pero el objetivo ya no será celebrar el referéndum sino invitar al Estado español a implementar sus resultados y a contribuir a la transición del nuevo Estado catalán, un nuevo Estado que mantendrá los lazos fraternales con España que nadie ni nada podrá seccionar.

Muchas gracias".

Friday, 30 September 2016

Much said of Catalan President's "Referendum or Referendum", but there's more

Much has been said and discussed about Catalan President Carles Puigdemont's "Referendum or Referendum", i.e. a referendum will be held whether the Spanish governement approves it or not. But there is another point journalists seem to be evading and many commentators have missed: the laws of disconnection.

These laws include a bill on an Internal Revenue Service, which is already being expanded to meet the requirements of an independent state, and a Social Security Bill, which will go beyond the current management of the Health Service to include all aspects of social care and welfare such as pensions, family support and unemployment benefit.

But there is also a third critical law which is to be passed before the referendum is held in the second half of September 2017: the Legal Transition Bill. The opening article of that bill will read something like "Catalonia is an independent republic." In other words, it will be a de facto unilateral declaration of independence.

Pro-independence actors, both the political parties and the civic grass-roots organisations such as the Catalan National Assembly (ANC) and Omnium Cultural, have always argued against the idea set forth by Spain that "independence is illegal" and that an independent Catalonia would "wander in empty space". The third law of disconnection, the Legal Transition Bill will guarantee there will be no legal vacuum, no illegality, no void. All current Spanish law not superseded by Catalan legislation, as well as all international treaties signed by Spain, will remain in force guaranteeing rule of law.

This is, in effect, what was backed by the Vote of Confidence
in the Catalan Parliament yesterday, even though there has been much vociferation by the press and by unionist parties and commentators on the Referendum. The Junts pel Sí coalition, including Christian-Democrat Conservatives and Liberals though to Social-Democrats and Socialists, along with the far-left CUP, have thus set the ball rolling towards the completion of the Roadmap for Independence set forth at the beginning of the current Catalan Parliament within the 18 months it
established, even though it had at that time seemed wildly optimistic.

Tuesday, 12 January 2016

Letter to an unloved spouse

Original in Catalan by Mateu Ciurana

Listen Spain. I want us to separate. I would not have imagined just a few years ago that this would come to an end like this, but there's no future in what we have. I see you as an unpleasant husband who mistreats and exploits me. 

I don't regret having loved you and trying to save our relationship, but you always held me as your property. I have served you and you have shown me off. You have told me that you love me, out of the side of your mouth, and only when you wanted something from me. It is very sad, after what I have done to make things better.

There are still things I like about you, I don't mind admitting it. Your lovely Spanish language for example. What a shame you haven't shown much interest in me all these years. We have a common history and a child together, but now I want to break with you.

I know your strategies
well. You will say that, without me, you will be nothing, that we need each other. For you, the way to fix things is for me to give up being what I am. Do you realize that? I never thought I could feel the unlove I feel for you now. I'm sorry.

Now we
need to agree and see how we share things out and how we raise the children. I know I will have to pay a settlement. No problem. Let's talk about it and do some figures. You never could stand that I earned more than you. With the generosity I have always shown you. How absurd!

I could reproach your not seriously accepting the way I am and my wish to live my way. What we had could have been great, but now I want to say goodbye. Amiably, if possible. Until now you didn't believe I would take this decision, but that's not my problem. What will you do? Do your best to maintain some form of dignity, if you can.

I'm looking forward to living my own life, and I have many projects. Don't say that phrase you like, attributed the mother of the last Muslim king of Granada (Cry like a woman for what you could not defend like a man), because in addition to male chauvinist, I'm sure it's false. Take it as you wish, but I want to leave you.

I wish you luck. Goodbye, Spain!

Thursday, 10 December 2015

FDI in Catalonia Grows Fourfold Despite Independence Process

Catalan exports account for a quarter of Spanish foreign trade

Despite the ongoing process towards independence of Catalonia, foreign direct investment, or FDI, has grown almost fourfold, a survey by Catalan employer's association Foment del Treball shows.

According to this study, the process towards independence is proving to be no hindrance to economic growth in Catalonia, contradicting what the Spanish government and other unionist lobbies argue.

Foment del Treball yesterday presented its Economic Situation Report [PDF, in Catalan], which indicates positive data for the Catalan economy. Foreign investment in Catalonia grew almost fourfold during the first half of the year. Growth in Catalonia stood at 280%, the strongest increase recorded in the whole of Spain, which overall has grown by 73%. In absolute terms, investment over the first half of 2014 grew by €1.4 bn. The vast majority of foreign investment –88%– comes from OECD countries, with 65% coming from European Union member states.

In response to journalists' questions on the effect of the independence process on the economy, the authors of the Foment report said that investments are not decided overnight. As Foment Chairman Joaquim Gay de Montellà said a few days ago, it was not true that companies were fleeing, and any relocations that had occurred depended more on tax policy issues.

In fact, only last week Barcelona Chamber of Commerce chairman Miquel Valls denied that companies were leaving because of Catalan independence claims, although he admitted companies may be relocating due to taxes being higher in Catalonia than in other regions, precisely due to the Spanish government underfunding the Catalan administration.

Monday, 19 October 2015

Spain Threatens Catalans with Suspension of Self-Rule

Spain is no longer governed under rule of law –if it ever was– but is run under rule BY law

The government has once again brandished Article 155 of the Spanish Constitution which allows for the suspension of home-rule after hearing Catalonia's President Artur Mas was considering disobeying his possible disqualification for holding a mock referendum on independence on November 9 last year. 

In an interview on a local radio station, President Mas said "Before the state's NOs, there remain only two options: we either bow and kneel, or we stand strong."

Spanish Justice Minister Rafael Catalá and Vice President Soraya Sáenz de Santamaría said last week that the government has the necessary weapons to enforce the law by applying Article 155 of the Constitution, along with a recent amendment to the Constitutional Court's statutes passed only with the ruling Popular Party votes– allowing the suspension of public officials who do not comply with the Court's rulings.

Both speak as if President Mas had committed a crime, which is in my view pressuring the judges. It should be remembered that the complaint brought against Mr. Mas, his then VP Joana Ortega and his Minister for Education Irene Rigau was ordered by Spain's Prime Minister Rajoy. The Attorney General overruled the prosecutors in Catalonia, who had not considered there was any wrongdoing in holding the mock referendum.

The ruling Popular Party government, along with the
Spanish establishment and the mass media they control, are doing their utmost to convince everybody that the referendum, the court case and the support received by the defendants, pressuring the judges and threatening their independence referring to the crowd that turned up outside the court when President Mas appeared before the judges last Thursday– all respond to a plan orchestrated by the evil Mr. Mas to stay in power at any price.

So, what is so terrible about what happened on November 9? Something called a participatory process, i.e. a civic, festive event where the people deposited non-official, non-binding ballots in non-official, non-binding
cardboard ballot boxes. It was in fact a demonstration in which participants were counted one by one: 2.3 million, 1.8 of them favour of independence. Many Catalans –and not just those who joined the crowd outside the court to lend their support to Mr. Mas, nor those who voted for him– are outraged to see how the Popular Party and the Spanish government are acting against the Catalans' elected representatives, arbitrarily and in a spirit of revenge for the utter defeat they have suffered in the last elections, resorting to all and any of the powers of the State –using the laws to impose themselves, refusing to listen to the people of Catalonia.

Sunday, 19 January 2014

The European Union, Catalonia and Internal Enlargement

Now is the time for the EU to be proactive and develop a policy for dealing with Catalonia's call for self-determination and possible independence. Its current path could well lead to chaos for Europe's grand experiment.

This is the epilogue to the article titled How the Voters of Catalonia May Change Europe, published on January 16 in the Atlantic Council's New Atlanticist blog.

It is obvious that the Spanish government's stonewalling before the Catalan citizens' demands for a broader view of a democratic so-called Right to Decide, an analogy for self-determination, leaves no leeway for any negotiated solutions and puts the European Union in the predicament of not being able to propose any, as the Commission does not wish to antagonise a member state.

But can the European Union allow itself to be sucked in by Spain's government policy of disdain towards a part of its citizens and its use of legal sophistry to reject its citizens' demands to decide where their future should lie? The EU cannot stand on the sidelines before a new regional paradigm that has become manifest with current European territorial issues such as those of Scotland, Flanders, and of course Catalonia. These will not simply go away and in any case, cannot be justifiably quashed if the EU's principles of respect for minorities and for democracy in general are to be abided by. The EU must take the initiative to find possible solutions, and one of these is Internal Enlargement.

The concept was set forth several years ago by European think tank Centre Maurits Coppieters based in Brussels. Internal Enlargement (PDF) would be an excellent solution for many internal disputes and would strengthen the European Union, not in the sense some fear, of its becoming a federal super-state, but in that of the principles which any and all member states and their citizens should be able to agree on: the EU's Fundamental Values.

The European Union is not simply a loose economic club, an association of states or an international organization. It is a uniquely flexible political construct that has constantly adapted to circumstance and should thus be able to find a way to accommodate the demands of a part of its citizens. Its Member States have relinquished part of their sovereignty to EU institutions, with many decisions made at the European level, facilitating over 60 years of peace, stability, and prosperity. This should continue.

Internal disputes are obviously a threat to this, but as history has shown, threats do not necessarily and should not lead to clashes if solutions are found. But these will not appear of their own accord, and the disputes will not simply go away, as the Spanish government seems to believe. In the case of Catalonia, the issues involved have smouldered for centuries, briefly surfacing again and again, put down by successive authoritarian or dictatorial governments. And in the democratic period, the successor to the last dictatorship of 1939-1976, these issues have obviously not been dealt with successfully.

The citizens of Catalonia —and not the regional government, which had avoided cracking the kernel of the issue until the massive pro-independence demonstration in Barcelona of upwards of 1.5 million citizens on September 11, 2012— have clearly expressed their wish to decide for themselves on how to go about solving the issues, and demand a referendum on the most prickly one, e.g. whether Catalonia should continue forming part of the Kingdom of Spain.

So, with never-ending evolution, working to adapt to each new circumstance and thus consolidating its fundamentals, the EU must find the way to nudge the nation states to accept the primordial element of democracy, the Right to Decide, without browbeating or menacing citizens, and offering peaceful outcomes.

Tuesday, 29 January 2013

The Right to Self-Determination - A legal analysis

Analysis by the Human Rights Commission of the Barcelona Bar Association

On January 8, the Barcelona Bar Association (Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona) published an analysis by its Human Rights Commission on the legitimacy of Catalonia's claim to statehood.
In almost forty years of existence, the Human Rights Defence Commission of the Barcelona Bar Association has been present in all debates of social and legal relevance in our country, insofar as they could affect fundamental human rights, both individual and collective. At present, when the people of Catalonia are set to take decisions that may determine their future as a nation, the Defence Commission cannot be absent from the fervent, enthusiastic debate that has come about on the right to self-determination. That is why we wish to express our position on the matter, obviously within the corresponding legal framework.

Firstly, it is manifest that the right to self-determination is a basic, universal right of all peoples, as per international law in force since the establishment of the United Nations Charter (Articles 1 & 55) of 1945, and expressly proclaimed in Article 1 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights adopted by the General Assembly of the United Nations on December 16, 1966 and in force since 1976. In practice however, the right to self-determination had been internationally recognised much earlier. Consider the United States Declaration of Independence or the creation of new states upon the dissolution of the Austro-Hungarian, Ottoman and Russian empires at the end of the First World War. The exercise of the right to self-determination has resulted in the number of sovereign states quadrupling since 1900. Twenty of these new states are the result of secession of a part of one state to establish a new one. Specifically, in Europe there have been 14 cases of secession since 1900: Norway from Sweden (1905), Finland from
Russia (1917); Ireland from the UK (1922), Iceland from Denmark (1944), Lithuania, Latvia and Estonia from the USSR (1990-1991), Slovenia, Croatia and Bosnia from Yugoslavia (1991), Slovakia from Czechoslovakia (1992), Montenegro from the Union of Serbia and Montenegro (2006), and Kosovo from Serbia (2008). The process of self-determination and the creation of a new sovereign state was different in each case – contemplated in the constitution, agreement or unilateral declaration of independence – but all with the ultimate legitimation of the process through the majority decision of the people, expressed freely and democratically in referendum.

One particular doctrinal school in international law has defended a restrictive interpretation of the right to self-determination, considering this applicable only to processes of decolonisation. There is certainly a clear legal framework consisting of a number of United Nations resolutions establishing conditions and procedures to apply this right to colonised peoples. This framework, however, has not been sufficiently developed for the case of non-colonial situations. But notwithstanding the lack of regulation of a right in a specific situation, this does not mean denial of the right, since the right has been formulated in general terms without establishing any exceptions, as is the case of the right to self-determination. Additionally, the International Court of Justice in The Hague ruled in favour of self-determination as a universal right to be respected by all states, erga omnes, in an advisory opinion on the Wall in the occupied Palestinian territories in 2004. Likewise, the ICJ replied in its significant Resolution of July 22, 2010 to a request from the General Assembly of the United Nations on whether the unilateral declaration of independence of the territory of Kosovo proclaimed on February 17, 2008 was in accordance to international law, ruling that there is no regulation in international law prohibiting unilateral declarations of independence and should therefore be considered to be in conformity with international law.

In the case of Catalonia, the exercise of the right of self-determination is being denied by the government and most state institutions in Spain, even opposing putting the question to the people in consultation. This outright opposition is essentially based on two arguments. First, the affirmation that the sovereignty lies collectively in the whole people of Spain. The right to decide on the separation of Catalonia from the rest of the state does not thus correspond to the people of Catalonia separately as it is not a sovereign political subject. The second argument consists of saying that even if this condition were attributable to the Catalan people, the secession of Catalonia from the Spanish state would in any case be illegal as it would collide with current legislation, specifically with the Spanish constitution, which does not recognise the right to self-determination of any territory of the state, and which proclaims in Article 2 “the indissoluble unity of the Spanish Nation, common and indivisible home to all Spaniards.


Regarding the first argument, this is what is known in basic logic as “Petitio principii” (begging the question). It is self evident that if the Catalan people were the subject of sovereignty, it would already be independent. What is at issue is whether the Catalan people meet the required conditions for its right to self-determination to to be recognised, i.e. the condition as a people with the capacity to decide for itself whether to constitute a sovereign state. It should be remembered that the United Nations Charter and the aforementioned international treaties attribute the right to decide to the peoples, not to the states. Thus, the condition of the Catalan community as a political subject with the right to decide cannot be disputed: a one-thousand-year history, its own language, its own civil code, a distinct social and economic structure, its own political institutions, and a manifest will to maintain its own identity expressed over centuries, fully endorse the national purport of Catalonia, likewise recognised in the preamble of its Statute of Autonomy, even in the version curtailed by the sentence of the Constitutional Tribunal.

It is true the current Spanish constitutional framework does not allow for the self-determination of Catalonia. We thus find ourselves before a possible discrepancy between two legitimacies: that of the current constitution and the democratically expressed will of a national community. But it should not be neglected that in a democratic society the law is nothing other than the expression of the will of the people expressed through its political representatives duly constituted as its legislative power. This intrinsically democratic concept cannot assent to the sequestration of the will of the people –in this case represented by the Parliament of Catalonia– in the name of a coercively imposed legality. That is why we consider the Spanish government would have no legitimacy if opposing the decision of the Parliament of Catalonia to give voice to the citizens so as to freely express its majority will –whether affirmatively or negatively– concerning the creation of a sovereign Catalan state. If the outcome were affirmative, the Spanish government would have no legitimacy in opposing a process of negotiation in order to establish conditions of secession and to reach a common agreement on its complex consequences. It would likewise have to make such constitutional and legal amendments as necessary to make the process orderly and equitable. This was the criterion established by the Supreme Court of Canada on the validity of the secessionist referendum in the province of Quebec in 1995. In its advisory opinion of 1998, the Court recognised that a clear majority vote on a clear question would democratically legitimise an initiative in favour of secession and would compel the government of Canada to negotiate the conditions of separation.

A unilateral declaration of independence, proclaimed by the Parliament of Catalonia, would be justified under international law if the Spanish government were to prevent a ballot to consult the citizens on the creation of a new state or if it refused to accept an affirmative result. In the latter case, the declaration of independence by Parliament would have immediate effect to bestow the new state with political existence. Indeed, this would meet the minimum criteria of permanent population, defined territory and inherent political authority, which define a state as was established by the Montevideo Convention on Rights and Duties of States, adopted on December 26, 1933. The Convention provides that the political existence of a state is independent of recognition by other states. This principle, known as constitutive theory of the state, was ratified by the opinion of the Badinter Arbitration Committee created by the then European Economic Community on September 27, 1991, to provide answers to legal issues raised by the split of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. In its opinions, the Badinter Committee asserts that the existence of states is a matter of fact, without recognition by the international community as a determining condition of statehood.

The crucial issue of the juridical legitimacy of a unilateral declaration of independence in conflict with legislation was settled by the aforementioned resolution on Kosovo by the International Court of Justice at The Hague. The resolution states that upon proclaiming Kosovo an independent and sovereign state, the Kosovo Assembly was not operating as an institution of self-government in the pre-existing administration and within the limits of existing law, but rather that it stood outside its scope and acted exclusively by virtue of the powers conferred by democratic representation of the people's will. The declaration of independence was not intended, therefore, to produce its effect within the existing legal order, but created a new legal entity. In conclusion, the Court considered that as there was no rule in international law that prohibited it, and once it was confirmed it would be impossible to negotiate with Serbia, the unilateral declaration of independence by the Kosovo Assembly was not contrary to the international legal order.

On the basis of the above legal arguments, the Committee for the Defence of Human Rights of the Barcelona Bar Association holds that the power to decide on its future, either within the State where it is integrated, or separately to form a new sovereign state, depends on the will of the majority of its citizens expressed democratically and peacefully, is an inalienable right of Catalonia as a national community.

Barcelona, January 2013